Las demandas de los inversores extranjeros contra España suman 7.000 millones
Javier Gonzalez Navarro
Portigon, el antiguo banco público alemán WestLB, ha sido la última entidad que ha presentado una demanda contra el Reino de España ante el Ciadi (Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones) por el recorte retributivo de las energías renovables llevado a cabo por el Gobierno del PP. Con este son 32 los arbitrajes incoados contra nuestro país en distintos organismos internacionales por las demandas presentadas por inversores extranjeros en España: uno, ante Uncitral (Comisión de las Naciones Unidas); tres, ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, y 28 ante el Ciadi (Banco Muncial).
Desde la primera demanda presentada en 2011 contra la reforma del sector llevada a cabo por el Gobierno de Zapatero hasta hoy, solo se han resuelto tres arbitrajes. Dos en Estocolmo, favorables a nuestro país, y uno en el Ciadi, el más reciente y favorable a los demandantes. Este tribunal condenó a España en mayo pasado a una multa de 128 millones de euros, más intereses, por los perjuicios que el recorte de primas provocó a tres plantas termosolares del fondo británico Eiser Infrastructure.
Recortes sin compensación
Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de Anpier (Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica), afirma que hay dos importantes matices que diferencia los dos laudos de la Corte de Estocolmo con el del Ciadi. «Por un lado, los casos de Estocolmo se referían a la reforma del sector aprobada por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero y el del Ciadi a la última reforma del PP. Por otro, y es lo más importante, el Gobierno de Zapatero compensó los tres años de recortes con otros cinco años manteniendo la retribución, es decir, que la compensación fue superior a los recortes. Sin embargo, el Gobierno de Rajoy no ha fijado ninguna compensación a sus elevadísimos recortes».
El conflicto de las renovables ha situado a España como uno de los tres países del mundo con más demandas presentadas en su contra. Y lo que es más importante, el Estado podría tener que hacer frente a unas indemnizaciones que sumarían 7.000 millones si el resto de arbitrajes dan la razón a los inversores. «Esto dejaría a nuestro país con una imagen lamentable», subraya Martínez-Aroca. Por su parte, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha dicho públicamente que estas indemnizaciones no le preocupan ya que serán siempre inferiores al ahorro generado por la reforma del sector eléctrico, y por tanto, a los consumidores. También ha subrayado que «la reforma no fue a traición ni por sorpresa. Nadie puede decir que desconocía que el déficit del sistema se disparaba» hasta los 30.000 millones. El ministro suele repetir que los sobrecostes del sistema eléctrico por «decisiones políticas», como las elevada primas que se pagaban a las renovables, alcanzan los 10.500 millones.
Después del arbitraje del Ciadi que condena al Reino de España a una multa de 128 millones, el Gobierno ha aprobado una ley por la que el superávit del sistema eléctrico se utilizará para pagar tanto esa multa como otras futuras «aliviándose de esta forma la carga que supondría hacer frente a los mismos con cargo a los Presupuestos del Estado», según explicaba la enmienda presentada por el PP. Esta decisión no gustó en el sector ya que, tras doce años de déficit, el sistema había acumulado desde 2014 un superávit de unos 1.130 millones hasta 2016. «Utilizar el superávit del sector para pagar las indemnizaciones de los arbitrajes internacionales es lamentable. Emplean el ahorro del recorte a las renovables y la renta de los ciudadanos españoles para indemnizar a los inversores extranjeros», afirma el presidente de Anpier.
Por otra parte, en este conflicto se da la grave paradoja de que los inversores españoles no pueden de momento recuperar las inversiones realizadas en las plantas de renovables porque tanto el Tribunal Constitucional como el Supremo han dado la razón al Gobierno, mientras que los inversores extranjeros en esas mismas plantas sí pueden recibir indemnizaciones gracias a los arbitrajes internacionales (a los que solo pueden acudir las entidades foráneas).
Esta situación fue denunciada por un grupo de afectados ante el Defensor del Pueblo, quien recomendó al Gobierno «adoptar las medidas necesarias para que los inversores españoles en energía fotovoltaica que han visto recortada su retribución no reciban peor trato que los inversores de los países signatarios del Tratado sobre la Carta de la Energía. Además, debe de establecer los mecanismos que se estime convenientes para compensar el sacrificio singular que el cambio retributivo implica para los inversores españoles».
Los inversores españoles no pueden acudir a los arbitrajes internacionales
Sobre los arbitrajes internacionales cabe destacar que son procesos lentísimos y que sus resoluciones son definitivas. En el caso del Ciadi, 27 de los 28 casos ya tienen designado el correspondiente tribunal, formado por un presidente y dos árbitros, uno elegido por cada parte. Los tres son de países distintos y dispares. Los costes del último arbitraje del Ciadi, el que dio la razón a la británica Eiser, ascendieron a casi 900.000 euros, de los que 255.000 correspondieron al presidente del tribunal, el norteamericano John Crook, 163.000 euros al árbitro búlgaro Alexandrov, que defendía al demandante, y 114.000 al neozelandés McLachlan, que defendía los intereses del Reino de España. La mayoría de las demandas presentadas ante el Ciadi están firmadas por empresas e inversores alemanes, seguidos a distancia por luxemburgueses y británicos. También hay inversores japoneses, portugueses, suecos, suizos, franceses y malteses.
Sus intereses son defendidos tanto por bufetes internacionales como españoles. El despacho Allen & Overy es el que se ocupa de más casos, como sucede con el de Gómez-Acebo & Pombo. También repiten Clifford Chance y King & Spalding, por parte extranjera, y Cuatrecasas, Gonçalves Pereira y Pérez Llorca por parte nacional. El Reino de España recurre a la Abogacía del Estado para acudir a estos arbitrajes, aunque también contrata bufetes especializados en energía y derecho internacional.
The possible domino effect of the renewable energy arbitrations
The demands of foreign investors against Spain total 7 billion.
Portigon, the former German public bank WestLB, was the last entity to have filed a claim against the Kingdom of Spain before the ICSID (International Center for Settlement of Investment Disputes) on the pay cut of renewable energies carried out by the Government of the PP.
With this, 32 arbitrations were filed against Spain in different international organizations by the lawsuits filed by foreign investors: one, before Uncitral (United Nations Commission); three, before the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce, and 28 before the ICSID.
Since the first complaint presented in 2011 against the reform of the sector until today, only three arbitrations have been resolved. Two in Stockholm favorable to Spain and one in the ICSID, the most recent and favorable to the applicant.
This court sentenced Spain last May to a fine of 128 million euros, plus interest, for the damages that the cut of premiums caused to three solar plants of the British fund Eiser Infrastructure.
Cutbacks without Compensation
Miguel Ángel Martínez-Aroca, president of Anpier (National Association of Photovoltaic Energy Producers), affirms that there are two important nuances that differentiate the two awards of the Court of Stockholm with the ICSID. “On the one hand, the Stockholm cases referred to the reform of the sector approved by the socialist government of Rodríguez Zapatero and the Ciadi to the last reform of the PP. On the other hand, and most importantly, the Zapatero government compensated for the three years of cuts with another five years maintaining the compensation, that is, the compensation was higher than the cuts. However, the Government of Rajoy has not fixed any compensation to its extremely high cuts.
The conflict of renewables has placed Spain as one of the three countries of the world with more lawsuits filed against it. More importantly, the state may have to face compensation that would add up to $ 7 billion if other arbitrations give investors reason. “This would leave our country with an unfortunate image,” says Martinez-Aroca.
On the other hand, the Minister of Energy, Tourism and Digital Agenda, Álvaro Nadal, has publicly said that these indemnities do not worry him since they will always be inferior to the savings generated by the reform of the electric sector, and therefore, to the consumers. He also emphasized: “the reform was not by treachery or by surprise. No one can say that he did not know that the system’s deficit soared up to 30,000 million. The Minister often repeats that the extra costs of the electrical system for “political decisions”, such as high premiums paid to renewables, reach 10.5 billion.
Following the ICSID arbitration, which condemns the Kingdom of Spain to a fine of 128 million, the Government has approved a law whereby the surplus of the electricity system will be used to pay both the fine and future fines, thereby “relieving the burden would be to meet the same from the State Budget, “explained the amendment presented by the PP.
This decision was not appreciated in the sector since, after twelve years of deficit, the system had accumulated since 2014 a surplus of about 1,130 million until 2016. “Using the sector’s surplus to pay compensation for international arbitration is regrettable. They use the savings of the cut to the renewables and the income of the Spanish citizens to indemnify the foreign investors “, affirms the president of Anpier, Miguel Angel Martinez.
On the other hand, in this conflict there is a serious paradox that Spanish investors can not at the moment recover the investments made in the renewables plants because both the Constitutional Court and the Supreme have given the Government reason, while foreign investors in these same plants they can receive indemnifications thanks to the international arbitrations (to which only the foreign entities can go).
This situation was denounced by a group of people affected before the Ombudsman, who recommended that the Government “take the necessary measures to ensure that Spanish investors in photovoltaic energy who have been cut off from their remuneration receive no worse treatment than investors in the signatory countries of the Treaty on the Energy Charter. In addition, it must establish the mechanisms deemed appropriate to compensate for the singular sacrifice that the remuneration entails for Spanish investors.
Spanish investors cannot go to international arbitrations
Regarding international arbitrations, it should be pointed that these are extremely slow processes and that their resolutions are final. In the case of ICSID, 27 of the 28 cases have already been appointed by the corresponding tribunal, consisting of a president and two arbitrators, one chosen by each party. All three are from different and disparate countries. The costs of the last ICSID arbitration, which gave rise to the British Eiser, amounted to almost 900,000 euros, of which 255,000 corresponded to the president of the court, the American John Crook, 163,000 euros to the Bulgarian referee Alexandrov, who defended the plaintiff , and 114,000 to the New Zealand McLachlan, who defended the interests of the Kingdom of Spain. German companies and investors, followed remotely by Luxembourgers and British, sign most of the lawsuits filed with the ICSID. There are also Japanese, Portuguese, Swedish, Swiss, French and Maltese investors.
Both international and Spanish law firms defend their interests. The firm Allen & Overy is the one that deals with more cases, as with Gómez-Acebo & Pombo. They also repeat Clifford Chance and King & Spalding, by foreign, and Cuatrecasas, Gonçalves Pereira and Perez Llorca by national part. The Kingdom of Spain has recourse to the State Attorney’s Office to attend these arbitrations, although it also hires specialized firms in energy and international law.
Important notice:
While the translation of the above article is believed to be accurate, no representation or warranty, express or implied is or will be given by Cube IM or their respective directors, employees, representatives, advisors or any other person as to the accuracy, completeness or fairness of this Text and no responsibility or liability whatsoever is accepted for the accuracy or sufficiency thereof or for any errors, omissions or misstatements negligent or otherwise relating thereto.